Cervecita, tapita de pescaíto frito y la arena bajo los pies, ¿existe un placer mayor en verano? Lo he pensado en varias ocasiones y sí: el chiringuito aparece en todos los momentos clave de unas buenas vacaciones. Pero la aplicación estricta de la Ley de Costas, que exige ahora la retirada de aquellos que se encuentren en las zonas de dominio público marítimo-terrestre —o lo que es lo mismo, en la arena—, hace que una gran parte de los ubicados en el litoral estén ahora en el punto de mira, según unas declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Sin pensar demasiado en la reacción social y empresarial, desde el Ministerio se ha lanzado la propuesta de acabar con todos aquellos que no cumplan con las condiciones de legalidad propuestas por esta ley; si bien, escuchando la voz de aquellos que viven de este sector y de los que viajan por él, ya han anunciado que “se están buscando las alternativas dentro del marco legal� que hagan compatible la actividad económica con el respeto al medio ambiente y costero.

Pero la realidad se presenta un tanto negativa para el sector, ya que los datos apuntan que, en el caso andaluz, tan sólo 68 poseen concesiones vigentes —en base a las directrices de la normativa— frente los más de 250 que no la tienen, según datos ministeriales. Y no porque no la hayan solicitado, sino porque el endurecimiento con el que se exige ahora la aplicación de la Ley de Costas, de 1988, entra en contradicción con la ligereza con la que se otorgaron licencias durante estos años de atrás, y a sabiendas de la ley.

En cifras y desde un punto de vista empresarial, este sector genera alrededor de 900 millones de euros anuales en el caso malagueño; y para cualquier turista, el chiringuito playero forma parte ya del paisaje de nuestras costas, se ha convertido en un atractivo más. Entonces, ¿sería lícito y beneficioso frenar ahora el desarrollo de este tipo de producto de nuestra oferta turística? No están los tiempos como para perder también a este tipo de viajero…